Convenio Colectivo de Empresa Anulado Ariete (2018-2021)

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Foto por Pixabay

La Sección 2ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado Sentencia declarando nulos los artículos 15, 23 y 31 de dicho Convenio que a la postre son los que más lesionan los derechos económicos y laborales de los trabajadores.

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Convenio Colectivo de Empresa Anulado Ariete (2018-2021)

El fallo de la Sentencia se pronuncia en los siguientes términos:

“Anulamos la decisión empresarial de seguir aplicando a sus trabajadores el Convenio Colectivo de empresa anulado judicialmente, por lo que imponemos a la empresa a la inmediata aplicación y cumplimiento del vigente Convenio Colectivo estatal para las empresas de seguridad 2017-2020 (publicado en el BOE nº 29, de 1.02.2018), así como la obligación empresarial de regularizar y abonar a sus trabajadores, con efectos desde el 1.01.2017, las cantidades e intereses moratorios (Art. 29.3 ET) que a éstos les corresponde percibir en aplicación del referido Convenio Colectivo estatal de las empresas de Seguridad”.

CABE RECURSO DE CASACIÓN

Hay que recordar al personal que dicha Sentencia no es firme, ya que cabe Recurso de Casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, aunque ya os podemos adelantar que ésta no va a cambiar ni un ápice lo manifestado por el TSJM, como viene siendo habitual en éstos casos.

EMPIEZA A CAMBIAR SU ACTITUD

Nos consta que esta Empresa ya está en fase de aceptación de esta situación y que en contratos que le han sido adjudicados recientemente ya ha empezado a aplicar a los vigilantes que subrogan con la misma el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada.

HABRÁ LEGÍTIMAS RECLAMACIONES

Le aconsejamos que empiece a aprovisionar cantidades económicas suficientes para hacer frente al pago de los salarios que han dejado de percibir los vigilantes a los que se les ha aplicado dicho Convenio, además de las cotizaciones correspondientes, y que legítimamente empezarán a reclamar ante los Juzgados de lo Social una vez se pronuncie, allá dentro de un año o año y medio, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

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