Estimad@s compañer@s,
Este pasado mes de Septiembre la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad Privada (APROSER) alertó de la existencia de más de 5.000 puestos reales de Vigilante pendientes de cubrir para atender servicios atendidos o solicitados.
El propio informe sectorial de APROSER sitúa en 94.400 el número de Vigilantes de Seguridad en activo, con una edad media de 49 años, media esta que a nuestro entender se quedaría hasta corta.
Para esta Asociación la falta de personal limita el crecimiento de las Empresas y dificulta la cobertura de incidencias, y sitúa la carencia de personal entre las principales preocupaciones de las Empresas del Sector.
Además, señala que no disponer de profesionales suficientes puede impedir cubrir servicios, asumir nuevos contratos o responder a incrementos de demanda, con el consiguiente impacto sobre las oportunidades de negocio.
HARTOS DE TANTA HIPOCRESÍA DE APROSER Y DE LOS DEMÁS FIRMANTES DE LOS DISTINTOS CONVENIOS COLECTIVOS.
Es del todo sangrante y frustrante que en ningún momento se plantean la escasa atribución económica que abonan a los Vigilantes de Seguridad como la principal causa de la carencia personal, situación a la que se ha llegado con inestimable ayuda de las Organizaciones Sindicales firmantes de los respectivos Convenios Colectivos del Sector.
Con la atribución económica actual este Sector no puede resultar para nada atractivo a las nuevas generaciones, y mucho menos para que se lleguen a plantear iniciar y mantener su carrera laboral en el mismo.
Además, y según esta misma Asociación hay 380.000 TIPs expedidas, frente a los 94.000 Vigilantes en activo, con lo cual el problema se agranda ya que no solo las nuevas generaciones rehuyen de este Sector si no que personas habilitadas para ejercer tampoco ven atractivo o han dejado el mismo.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
No podemos tampoco olvidar ni pasar por alto la responsabilidad de los distintos Gobiernos de turno, que han contribuido a desprestigiar y denigrar este Sector, manteniendo una legislación totalmente obsoleta y caduca.
Ni tampoco podemos obviar la evidente responsabilidad de las distintas Administraciones Públicas que irresponsablemente adjudican Contratos de Seguridad a Empresas “Piratas” o Empresas que presentan ofertas muy bajas y que se ven abocadas al cierre con los consiguientes problemas laborales y económicos de las respectivas plantillas de Vigilantes de Seguridad.
