El Juzgado de lo Social nº2 de Cuenca ha desestimado las pretensiones de la empresa
respecto a la resolución de Inspección de Trabajo. Y con ello, ha confirmado la sanción
de 60.000 euros a la compañía por haber negado el acceso a los dos subinspectores de
Trabajo que se personaron en las instalaciones para hacer una inspección.
La Inspección de Trabajo es el organismo responsable, según su propia web oficial, de
«la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y
contenido normativo de los convenios colectivos».
Así pues, se trata de una «defensa» normativa de los trabajadores, comprobando y
controlando que se cumplan las medidas necesarias para que realicen sus funciones
laborales en condiciones dignas y de seguridad. Una supervisión que, sin embargo, la
Inspección de Trabajo no pudo realizar el 16 de enero de 2023, momento en el que dos
subinspectores laborales de empleo y seguridad social se personaron en el edificio de la
empresa Prosertein Marcu S.L.U.
«Los subinspectores se identificaron y comunicaron a Ruperto (nombre ficticio),
administrador y gerente de la empresa, que iban a proceder a realizar un control de
empleo y seguridad social. Y a identificar a todos los trabajadores presentes en ese
momento», explica la sentencia.
Una explicación ante la que el gerente de la compañía «les interpeló, negándose a que
realizaran el referido control, con un además de acompañar a los subinspectores fuera de
la zona de trabajo». También se negó a identificarse, o firmar el acta de la acción de
Trabajo.
Sanción de 60.000 euros de Inspección de Trabajo
Un rechazo ante el que Inspección de Trabajo interponía una sanción de 60.000 euros a
la empresa. Ello, al entender la actitud del gerente, y el rechazo a la realización de la
inspección, como una infracción muy grave del RD Legislativo 5/2000. En concreto,
por «una infracción consistente en la obstrucción de la realización de la función
inspectora».
Sanción ante la que Prosertein Marcu S.L.U. presentaba una demanda de impugnación
ante el Juzgado de lo Social nº2 de Cuenca. Juzgado bajo la magistratura de Adrián
Martínez Moya.
Demanda en la que solicitaba la empresa que se dejara sin efecto la sanción de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Y, con ello, se le impusiera la
condena en costas a la misma.
Ello, alegando que los subinspectores «no entraron por un lugar habilitado para el
público». También señala «irregularidades en cuanto al levantamiento y firma del acta»
en aquel momento por parte de los empleados de Trabajo. Alegaciones en las que, sin
embargo, la empresa «no ofrece una versión distinta en cuanto a la negativa de realizar
el control».
«No podemos aceptar el hecho de desconfianza que se ha tratado de poner sobre la mesa
por la existencia de robos en la zona», explica la sentencia. Ello, ante la falta de
pruebas, y debido a que los actuantes se identificaron en dos ocasiones en su visita a la
empresa.
Algo que lleva al juez a confirmar que «queda acreditada la infracción por parte de la
empresa». Y, así, a desestimar la demanda presentada, sin imposición de costas, y
confirmando la sanción de 60.000 euros.
Fuente: confilegal.com
