La jurisdicción social madrileña afronta demoras que se extienden a prácticamente todas las etapas del procedimiento. En algunos órganos, determinadas vistas están siendo fijadas para fechas situadas a varios años de la presentación de la demanda, mientras la tramitación previa, el dictado de resoluciones, los recursos y la ejecución soportan también tiempos de espera extraordinarios.
Para el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la suma de estas circunstancias está deteriorando la capacidad del sistema para ofrecer una respuesta judicial eficaz en asuntos que afectan de manera directa al empleo, los ingresos, la salud y la protección social de miles de ciudadanos.
Los Juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el mayor volumen de la serie disponible desde 2006. La pendencia creció un 26,8% en un solo año y acumula un incremento del 55,9% desde 2023. Frente a 2019, último ejercicio anterior a la pandemia, el número de asuntos pendientes se ha más que duplicado: el aumento alcanza el 117,7%.
La comparación entre entrada y resolución de procedimientos permite entender por qué el atasco sigue creciendo. Los datos provisionales del CGPJ correspondientes a 2025 contabilizan 75.532 asuntos ingresados frente a 58.557 resueltos. Es decir, entraron cerca de 17.000 asuntos más de los que pudieron salir durante el ejercicio. La tasa de resolución se situó en 0,78.
La tasa de congestión alcanzó 2,30, la más elevada entre las principales jurisdicciones de los juzgados madrileños y superior a las registradas en primera instancia civil, lo contencioso-administrativo y la instrucción penal. Para el ICAM, estos indicadores permiten dimensionar el carácter estructural de unas dificultades cuya expresión concreta se encuentra después en los señalamientos, las sentencias, las ejecuciones y los recursos.
La experiencia concreta de Juan Manuel Mayllo, como abogado, ilustra la situación real: “de mi práctica profesional en esa jurisdicción se desprende que actualmente la mayoría de los procedimientos tienen fijado el juicio para más de 18 meses desde la presentación de la demanda, llegando en algunos casos a señalar el juicio para tres años después de la presentación de la demanda”, explica el Diputado del ICAM.
Refuerzos con capacidad real de respuesta
El ICAM considera imprescindible aumentar los recursos humanos disponibles, pero advierte de que la solución no depende únicamente del número de efectivos.
El Colegio, que ha presentado una batería de 19 medidas, reclama que los refuerzos judiciales y de las oficinas se diseñen, asignen y coordinen de forma que incrementen realmente la capacidad de tramitación y resolución, evitando que problemas de planificación reduzcan su eficacia.
Entre las propuestas que plantea el ICAM figuran la estabilización y cobertura de plantillas, la creación o refuerzo de órganos allí donde las cargas de trabajo lo hagan necesario, la mejora de la organización interna, herramientas tecnológicas eficaces, actuaciones específicas sobre ejecución y recursos y una planificación más eficiente de las agendas judiciales.
La amplitud del problema explica que el Colegio sitúe la coordinación institucional en el centro de su propuesta. Las competencias están repartidas entre diferentes instituciones: determinadas soluciones corresponden a la Comunidad de Madrid; otras, al Ministerio de Justicia; las plazas judiciales y determinadas medidas de refuerzo afectan a los órganos de gobierno judicial; y otras mejoras dependen de la organización del Tribunal de Instancia y de su Sección de lo Social.
Por ello, la reunión propuesta por el ICAM tendría como finalidad no solo acordar actuaciones, sino también establecer objetivos concretos, calendarios e indicadores públicos que permitan conocer si las medidas adoptadas están reduciendo efectivamente los tiempos de respuesta y la acumulación de procedimientos.
SOS SOCIAL: sensibilización y recogida de firmas
Junto a las actuaciones institucionales, el ICAM pondrá en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema “SOS SOCIAL” para trasladar a la opinión pública las consecuencias que las demoras de esta jurisdicción tienen sobre ciudadanos, empresas y profesionales.
La campaña dará visibilidad a situaciones reales —con las debidas garantías de confidencialidad—, con casos de señalamientos hasta 2030, y estará acompañada de una recogida de firmas entre la abogacía a través de la web del Colegio, destinada a respaldar la petición de medidas extraordinarias y sostenidas que permitan recuperar tiempos de respuesta compatibles con la función esencial de esta jurisdicción.
Fuente: noticiasjuridicas.com
