El relevo del servicio de seguridad en las instalaciones de Duro Felguera dejó a los vigilantes de la anterior contrata fuera del nuevo contrato. La vigilancia presencial permanente dio paso a un sistema de cámaras con inteligencia artificial, rondas itinerantes y respuesta a alarmas. Securitas, que asumió el encargo, quedó liberada de incorporar al trabajador que reclamaba conservar su empleo con la nueva adjudicataria.
El despido, sin embargo, fue declarado improcedente. La obligación de pagar recayó sobre Protectum, su anterior empleadora, que había dado de baja al vigilante al terminar la contrata. El resultado separa la responsabilidad de las dos empresas: una podía prestar el nuevo servicio con sus propios medios; la otra debía responder por extinguir el contrato laboral sin causa legal.
La tecnología cambió la forma de proteger los edificios, aunque siguió habiendo intervención humana. En lugar de permanecer en un centro durante toda la jornada, los vigilantes recorrían varias instalaciones y acudían cuando se verificaba una alarma. Ese cambio en la organización del servicio, acompañado de una renovación casi completa del equipo, fue decisivo para resolver el conflicto.
Rondas itinerantes y renovación del equipo
Duro Felguera contrató el nuevo servicio con Securitas el 1 de agosto de 2023. Hasta entonces, el encargo a Protectum se apoyaba en la presencia continuada de vigilantes y se calculaba según las horas contratadas. La sentencia 1385/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fechada el 29 de julio de 2024, describe una actividad distinta de la anterior y descarta que se tratara de un simple recorte de horas.
El cambio alcanzó a los equipos de seguridad. Según los hechos probados, Securitas sustituyó el 95% del sistema anterior, instaló nuevas cámaras e incorporó cámaras con IA para el análisis de vídeo. Se conservaron cables y canalizaciones, pero las cámaras de Protectum fueron retiradas. La continuidad de algunos elementos de la instalación no bastó para considerar que se había transmitido el servicio anterior con su identidad intacta.
El funcionamiento previsto combinaba visitas periódicas y atención a incidencias. Un mismo vigilante atendía a varios clientes de la zona y comprobaba el estado de sus instalaciones. Si los sistemas detectaban una alarma, un operador revisaba las imágenes desde el centro de operaciones de Securitas en Madrid y, tras verificarla, enviaba al vigilante más cercano. La vigilancia electrónica seguía necesitando personas para intervenir.
También cambió el precio. El tribunal señala que el nuevo contrato era más barato y que su importe había dejado de depender de las horas de presencia física. Para valorar esta reorganización del trabajo, examinó los medios empleados y el servicio contratado. Securitas lo prestaba con personal propio, sin nuevas contrataciones, de acuerdo con los hechos probados.
Más de 30.000 euros de indemnización
La disputa laboral giraba en torno a la subrogación: la incorporación de los trabajadores de la empresa saliente a la que gana el contrato. El convenio estatal de seguridad aplicable al caso regulaba esa obligación para proteger la estabilidad en el empleo. El tribunal estudió si esta sustitución de trabajadores se producía dentro de un servicio que conservaba su identidad, teniendo en cuenta tanto el personal como los equipos utilizados.
El Juzgado de lo Social número 2 de Gijón había atribuido a Securitas la responsabilidad por no asumir al vigilante. En el recurso, la Sala de lo Social cambió esa conclusión: la nueva adjudicataria quedó absuelta porque el sistema de rondas y vigilancia electrónica era diferente del servicio presencial continuado de Protectum. La condena pasó a esta última, que había extinguido el contrato del empleado el 31 de julio de 2023.
El vigilante trabajaba desde diciembre de 2008 y era representante legal de los trabajadores. Había optado por terminar la relación laboral con indemnización. El fallo le reconoció 30.672,72 euros por la extinción del contrato, además de los salarios de tramitación desde el despido hasta la notificación de la sentencia del juzgado, a razón de 58,76 euros diarios.
El caso delimita qué se discutía al hablar de despidos por IA. La presencia de esa tecnología formaba parte de la reorganización acreditada, pero no convirtió el despido en procedente. El examen de los contratos y de los medios permitió eximir a Securitas de la subrogación, mientras Protectum tuvo que responder frente a su trabajador.
La resolución advertía de la posibilidad de presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina. Su fallo dejó reconocidos la indemnización y los salarios de tramitación del vigilante, pese a que el servicio que antes desempeñaba se había sustituido por otro con una presencia humana discontinua.
Fuente: www.larazon.es
